El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha hecho público parcialmente el informe encargado a la Universidad Pompeu Fabra que, bajo el título ‘Análisis del impacto de las bonificaciones al transporte aéreo de residentes en regiones no peninsulares y posibles alternativas’, solicitó el Gobierno central “al objeto de tener una valoración externa, independiente y eminentemente académica de la situación de los mercados subvencionados para enriquecer el seguimiento del comportamiento de estos mercados y, en particular, del programa de subvenciones a residentes”.
El trabajo elaborado por Juan José Ganuza, Diego Peñarrubia y Juan Santaló analiza las consecuencias del aumento del descuento para residentes extrapeninsulares del 50% al 75% que entró en vigor hace dos años y medio tanto en el número de viajeros y su composición en los precios y la cantidad total de ayudas. Su propósito era “explorar sistemas alternativos que preserven gran parte de las ventajas del sistema actual para los residentes” y, al mismo tiempo, “supongan un ahorro significativo para la Administración”.
Los expertos concluyen que una alternativa a las actuales bonificaciones pasaría por “sustituirlas por bonificaciones fijas o por un precio máximo”, como hace Portugal con los residentes en Madeira y Azores, para los que la Administración se hace cargo de la diferencia entre el precio de mercado y el tope establecido.
A priori tendría “dos ventajas importantes”: no se bonifican los billetes con un precio por debajo del máximo y es “un sistema de seguro sobre el precio para los residentes” favorecidos. Sin embargo, lleva aparejados problemas legales de competencia y otros como que “la demanda se vuelve completamente inelástica por encima de la tarifa máxima, lo que puede elevar el precio de mercado y el gasto total” si las compañías “tienen poder de mercado”.
Otra alternativa pasaría por “dar una bonificación fija, que implica subvencionar completamente los billetes de un precio inferior y hasta esa cantidad los que tienen uno superior”. “Se bonificaría en distinta medida todos los viajes y puede generar un ahorro porque aumenta la elasticidad de la demanda y, con ello, puede reducir el precio de equilibrio de mercado, especialmente en los periodos de demanda alta”, pero “tiene el problema de que no protege a los residentes de precios altos en los picos de demanda”.
El estudio da por hecho que el sistema de bonificaciones a los residentes vigente “supone un aumento de la demanda y una transferencia no intencionada de recursos a las compañías” y plantea que “una forma de reducir esa transferencia sería introducir competencia por el ‘mercado de las bonificaciones”.
“La idea”, amplían los autores, sería trasladar al transporte “los sistemas de competencia por el mercado utilizados en el sector farmacéutico y en el eléctrico”. La forma de implementar esa idea en el mercado de transporte con bonificaciones pasaría por “introducir una especie de obligación de servicio público (OSP) abierta que no se correspondería exacta-mente con las actuales previstas por la normativa europea, sino que habría de implementarse como modificación al sistema de subvención actual”.
“La idea es que en los mercados en los que existe competencia se podría implementar una subasta para seleccionar a la compañía que podría ofrecer los billetes bonificados: como en las subastas de medicamentos, solo los residentes que utilicen esa compañía tendrían derecho a la bonificación”, apuntan sobre el escenario que la Ciudad ha barajado para abaratar la llegada de turistas.
Descuentos sólo para un número de viajes o progresivos, otras vías
El estudio menciona que se podría limitar el número de billetes sujetos a la bonificación, algo que “supondría un cambio menos radical del sistema, pero recortaría los beneficios actuales de los residentes”. “La bonificación seguiría sirviendo de seguro para la gran parte de la población que hace un uso escaso de las bonificaciones y quiere estar protegida ante la eventualidad de tener que viajar en periodos de demanda y precios altos, mientras que los principales perjudicados son los viajeros residentes frecuentes”.
En la misma dirección, “se podría considerar reducir la bonificación con el número de viajes, un sistema que se podría complementar con programas específicos para determinados colectivos como los estudiantes”.
Ligar las ayudas a la renta, difícil de implementar
El informe baraja otras opciones como abonar la bonificación al transporte a los residentes “a través de una deducción en la cuota de la Declaración de la Renta”, alternativa que presenta “problemas de implementación”.
“Aumentaría la elasticidad de la demanda, presionaría los precios a la baja e implicaría una reducción del gasto agregado, pero implica importantes costes de transacción tanto para la administración tributaria como para los residentes que tendrían que gestionar el reembolso”, advierten los expertos, que añaden que “se penalizaría a las rentas bajas que no tienen obligación de realizar la Declaración del IRPF”.
“Más complejo” todavía sería “hacer depender la bonificación de la renta, ya que además de tener implicaciones políticas por los efectos redistributivos que conllevaría, podría ser difícil de imple-mentar y de diseñar para no generar desincentivos a la generación o declaración de la renta”.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos advirtió hace un año que Hacienda estaba haciendo “un cruce de datos entre las bases de datos de viajes de residentes y de la renta para obtener información sobre la correlación entre viajes y nivel de renta” para evitar actitudes “perversas”.
