La convocatoria de la Mesa Sectorial de Ingesa, una demanda urgente de los sindicatos

Un día más de concentraciones. Quienes integran la Junta de Personal del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, han estado la mañana de este jueves a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta, desde donde han dicho que es urgente la convocatoria de la Mesa Sectorial de Ingesa, “donde tenemos representación los sindicatos que hemos sido elegidos democráticamente”.

En este sentido, la vicepresidenta de la Junta de Personal de Ingesa, Elisabeth Muñoz, ha insistido en que “necesitamos esta reunión de forma urgente para establecer los criterios comunes para la aplicación de los procesos de estabilización; es decir, para la próxima oposición de Ingesa, tanto de personal sanitario como de personal no sanitario”.

Ha comentado que “la Ley 20/21 está obligando a todos los centros sanitarios a convocar las oposiciones y en el caso de Ceuta y de Melilla, en el caso de Ingesa, ni siquiera se nos está dando traslado a la Junta de Personal ni a los diferentes sindicatos que conformamos dicha junta”.

Muñoz ha recalcado la necesidad de que esta reunión se convoque de forma urgente, extraordinaria y de forma presencial. “Lo que no podemos admitir es que el resto de comunidades autónomas se estén reuniendo de forma presencial, obviamente con las medidas preventivas adecuadas para el control de las infecciones por covid”.

La vicepresidenta de la Junta de Personal de Ingesa ha recordado que antes del 1 de junio de 2022 “tienen que estar publicadas las Ofertas Públicas de Empleo y por lo tanto ya esta reunión está tardando demasiado”.

De no llevarse a cabo el encuentro que exigen, Muñoz ha dicho que sería “una falta de respeto total a las centrales sindicales”.

“Nadie puede entender que precisamente el Ministerio de Sanidad, que debería ser ejemplo para el resto de comunidades autónomas de la negociación con las centrales sindicales a nivel de donde están representados, que es la Mesa Sectorial, el que no esté convocando nunca al Ingesa”. Ha asegurado que desde el inicio de la pandemia apenas han tenido “alguna reunión virtual” sobre temas menores.

Ha insistido en la importancia de dar la opción a la gente de que pueda opositar. “En ese sentido tengo que reconocer que Ceuta y Melilla no son precisamente las comunidades más atrasadas, nosotros tenemos hecha la estabilización de empleo hasta el 2019, pero nos queda la del 2020, 2021, y nuestra queja es que no nos estamos poniendo manos a la obra y que en esta ocasión la Ley sí marca una fecha muy concreta: 1 de junio de 2022”.

Por otra parte, la vicepresidenta de la Junta de Personal de Ingesa ha señalado que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria no cumple lo que marca la nueva Reforma Laboral. “Nosotros tenemos las contrataciones exactamente igual a como las teníamos, no ha habido ningún cambio; es decir, se sigue contratando personal por un día, por dos días, sustituciones de una baja, sustituciones por necesidades de servicios, incluso de medias jornadas, y esta realidad es la que sigue acaeciendo en Ingesa”.

Asimismo, ha destacado lo que han estado señalando desde la primera concentración. “Volvemos a recalcar todas y cada una de las demandas que estamos haciendo sucesivamente todos los jueves desde hace ya varias semanas y que se resumen fundamentalmente en que nos faltan recursos, nos faltan recursos humanos fundamentalmente, y nos faltan medios sobre todo humanos para sacar adelante la sanidad de nuestras ciudad”.

Ha explicado que tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada tienen el mismo problema, siendo más alarmante la situación en el Hospital Universitario, incrementándose las agresiones a este nivel, reconociendo también que “no escasean a nivel de centros de salud, aunque suelan ser más verbales que físicas”.

El Sindicato Médico clama en Madrid por la «dignificación» de la profesión

El Sindicato de Médicos de Ceuta se suma a las reivindicaciones de la CESM por las condiciones dignas de estos trabajadores. Se concentraron este martes 4 de mayo en Madrid frente al Congreso, con la intención de dar a conocer todas las reivindicaciones para «dignificar» a los médicos y a la sanidad pública.

En el manifiesto piden la «mejora» retributiva de las guardias, desde la Confederación señalan que estas deben ser «reconocidas» como horas extras y ser «abonadas» como tal, «además de ser tenidas en cuenta de cara a la jubilación». También piden «recuperar» el poder adquisitivo que han ido «perdiendo» con los «recortes» que les han hecho desde el año 2010. «Así como el restablecimiento de la jornada de 35 horas, explican que desde la crisis económica aumentó a 37,5 horas de jornada semanal», destaca el Sindicato Médico en un comunicado.

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En el manifiesto también piden a las autoridades pertinentes que se acabe con la «precariedad y la temporalidad» de estos puestos de trabajos, así como poder prolongar la jubilación voluntaria «hasta los 70 años». Además, destacaron requisitos centrados en la creación de las especialidades de Urgencias, Genética Clínica y Enfermedades Infecciosas, así como un plan urgente para salvar la Atención Primaria.

Otro aspecto que no han dejado pasar por alto son el «aumento» de las agresiones a sanitarios, y piden «tolerancia cero» ante esta problemática. También han denunciado la «necesidad» de incentivar económica, administrativa y profesionalmente las plazas de difícil cobertura ante la «creciente» falta de médicos en estas áreas sanitarias, como ocurre en Ceuta y Melilla. El último punto del manifiesto destaca la «necesidad» de una mayor financiación para la sanidad pública, y piden un presupuesto mínimo anual de 10.000 millones de euros. Desde el CESM hacen hincapié en que la sanidad se ha mantenido estos años con el «esfuerzo» de sus trabajadores, y que es necesario «consolidar y garantizar la calidad de nuestro sistema con una mayor inversión».

Revuelta en la cárcel: unos 20 internos implicados y un arma artesanal intervenida

La sección sindical de la prisión de Ceuta del Sindicato Profesional de Funcionarios de Prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) y el sindicato APFP (Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones) han exigido la adopción de medidas urgentes de seguridad después del último incidente ocurrido este pasado 2 de mayo en el interior del módulo 7 de la cárcel de Mendizábal.

Tal y como trasladan ambas entidades a El Faro de Ceuta, tras la dispensa de un desayuno especial que se había preparado con motivo de la finalización del mes de Ramadán, se produjo un “gravísimo altercado” en el que llegaron a verse implicados entre 15 y 20 internos. “Se observó inicialmente un altercado fortuito, que desencadenó en varios focos distantes entre sí. Los funcionarios de servicio se vieron obligados a pedir refuerzos a otros trabajadores penitenciarios ante la desobediencia de los internos, gravedad del incidente y la dificultad de restablecer el orden, arriesgando su propia integridad física”, explican.

Esa pelea, lejos de contenerse, fue a más “en intensidad y gravedad”, mientras que se conseguía reunir a unos pocos trabajadores debido “al escaso número de funcionarios que prestan servicio en en centro penitenciario, por la plantilla mermada y envejecida. Con muchísima dificultad consiguió disolver el conflicto teniendo que aislar del resto de la población reclusa a cuatro internos que manifestaban un alto de grado de agresividad y violencia”, detallan.

Fue en ese proceso de actuación cuando se detectó la presencia de un “arma artesanal” que fue requisada y que se había elaborado a base de cuchillas con lo que se teme que pudiera ser empleado para atentar contra alguien.

Las reclamaciones de ambas entidades para garantizar la seguridad

Tanto TAMPM como APFP denuncian “los mismos vicios ocultos que en ningún caso se han subsanado tras casi 5 años desde la apertura del centro penitenciario de Fuerte Mendizábal. Es imposible garantizar la seguridad interior del centro con internos de diferentes tipologías conviviendo mezclados, lo que supone un riesgo para sus propias vidas y para el desarrollo de la propia condena por parte de los internos ceutíes, cuyos beneficios penitenciarios, como permisos, terceros grados u otros, se desvanecen al verse envuelto en estos altercados, prolongándose así su estancia en prisión a causa en gran medida, por la falta de medios, personal y la falta de clasificación interior”.

Asimismo, añaden, “el envejecimiento de la misma y una política de personal en la que se prima un exceso de trabajo burocrático con la única finalidad de cuadrar estadísticas por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (órgano perteneciente al Ministerio de Interior que dirige el ministro Grande–Marlaska), convierten al funcionario de prisiones de Ceuta en un mero auxiliar administrativo atado a una mesa con ordenador en gran parte de su jornada laboral, lo que se traduce finalmente en un desconocimiento de la situación de la población reclusa a su cargo que bien le impiden o limitan a la hora de percibir este tipo de incidentes para poder establecer con antelación las medidas necesarias para evitarlos”, concretan.

Las dos secciones sindicales cuestionan la política en materia de seguridad e insisten en que es necesario “reconocer que la conflictividad de la prisión de Ceuta es similar a la de otros centros de igual número de internos y proporcional, teniendo en cuenta su población reclusa, a cualquier macroprisión del país, por lo que se insiste en la necesidad de dotar de mayor seguridad, número de efectivos y reclasificación a la tipología 1.1”.

Gaona acusa a UGT de «mentir» y «calentar» la situación

La Federación de Fútbol de Ceuta desmiente totalmente el comunicado remitido estos días por el Sindicato UGT por ser «el mismo contrario a la verdad».

«Ni la Federación de Fútbol de Ceuta, ni su presidente, han tenido ni tendrán jamás, ninguna actitud antisindical respecto a los delegados de personal, ni a ningún Sindicato. Actualmente existe un procedimiento judicial pendiente y será en sede judicial donde quedará acreditado quién dice la verdad y quién no», afirma la federación.

«El comunicado de UGT, a nuestro juicio, obedece a su manera de actuar intentando calentar una situación que nunca ha existido, demostrando la debilidad de sus argumentos», continúa. «Del mismo modo, es igualmente falsa la segunda parte del citado comunicado donde hace referencia a la organización del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-14 y Sub-16 de Fútbol», afirman en un comunicado.

La organización declara que «obra en poder de esta Federación de Fútbol de Ceuta distintos correos electrónicos remitidos por los principales hoteles de esta ciudad, en los que no garantizaban al cien por cien los servicios solicitados por la CNFA de la Real Federación Española de Fútbol, lo que impedía, a todas luces, la celebración de dicho evento».

«Esta Federación no va a contestar más a un Sindicato que solo busca la desestabilización de la Territorial y embarrar la relación con sus trabajadores», manifiestan al final del comunicado.

Denuncia de UGT

Desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT han interpuesto en el Juzgado de lo Social una demanda por «actitud antisindical» contra el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, quien «debe pensar que la federación es una empresa de su propiedad», algo que han calificado como «chiringuito».

«El proceder con los representantes legales de los trabajadores (elegidos democráticamente) del presidente de la Federación de Fútbol ceutí es inadmisible en estos tiempos que corren, más si cabe, tratándose del presidente de una federación deportiva española, que además de sus propias atribuciones ejerce por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agente colaborador de la administración pública», comentaron desde el sindicato.

1 de mayo: ¿por qué se celebra el Día del Trabajador?

Este domingo, 1 de mayo de 2022, se celebra el Día del Trabajador o el Día Internacional del Trabajo en Ceuta y prácticamente en todo el mundo. Este es un día señalado en los calendarios de todos los ciudadanos ya que se trata de una festividad que se celebra en casi todos los países, aunque algunos no saben el origen de esta reivindicación.

Para conocer los orígenes del Día del Trabajador hay que remontarse a finales del siglo XIX, concretamente al año 1886, cuando empezó a haber movimientos sindicales dirigidos por un grupo de sindicalistas norteamericanos, una huelga que duró tres días, en la capital del Estado de Illinois, en Estados Unidos. Esta huelga duró hasta el 4 de mayo ya que fue entonces cuando se produjo la Revuelta de Haymarket, donde tres de los obreros fueron detenidos y cinco de ellos fueron llevados a la horca.

El movimiento, que fue liderado por Albert Pearsons, junto a más de 80 mil personas, desencadenó violentos y sangrientos enfrentamientos entre los trabajadores y los agentes de Policía.

Por aquel entonces, los trabajadores estadounidenses padecían jornadas laborales de casi 16 horas diarias en las fábricas. De hecho, hasta el momento, la única limitación que había en algunos estados era la prohibición de no hacer trabajar a una persona más de 18 horas seguidas sin causa justificada. La multa por hacerlo tan solo ascendía a 25 dólares.

Ante esta situación del trabajador, la Federación Americana del Trabajo, el sindicato con más fuerza de la época, decidió que a partir del 1 de mayo de 1886 la jornada laboral máxima sería de ocho horas y amenazó a la patronal con celebrar una serie de huelgas y protestas en caso de que los empresarios no cumplieran con la ley. Los trabajadores utilizaron el lema «ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso».

El fin de esas jornadas de huelga terminó con miles de trabajadores despedidos y heridos, muchos de ellos inmigrantes procedente de Europa.

Tres años después de estos hechos, en 1889, se declaró el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores para honrar a la lucha de los obreros por conseguir una jornada laboral de ocho horas que aún sigue estando vigente. Este domingo se volverá a recordar ese espíritu.

UGT y CCOO ven “insuficiente” la OEP de la Ciudad con 74 plazas

El Gobierno de la Ciudad de Ceuta ha propuesto este jueves a los sindicatos una Oferta de Empleo Público (OEP) para 2022 con 74 plazas, 59 de funcionarios de carrera por turno libre y otras 15 por promoción interna. UGT y CCOO la han valorado como “ambiciosa pero claramente insuficiente de cara a garantizar el adecuado funcionamiento de nuestra Administración en gran parte por la implantación de la reforma laboral”.

La oferta del Ejecutivo, que Vivas se ha comprometido con las dos centrales mayoritarias a negociar, incluye para el turno libre 11 plazas de auxiliar administrativo (cuatro para personas con discapacidad), 9 de auxiliares de Enfermería, 2 de ATS-DUE y otras tantas de arquitecto, una de auxiliar de archivo, cuatro de bombero, tres de educador, dos de médico, una de cocinero de segunda y otra de inspector de Transportes.

También cinco de trabajador social, cuatro de técnico de Administración General, una de notificador, tres en la Policía Local, dos de técnico especialista de Laboratorio, otras tantas de técnico de Medio Ambiente, una de conductor, otra de técnico intermedio de Prevención de Riesgos Laborales, una de ayudante sepulturero, una más de técnico economista, otra de peón de cementerio, una de notificador y una de étcnico de emergencias sanitarias.

Por promoción interna el Gobierno propone cinco de administrativo, cuatro de gestor administrativo y una de cada una de las siguientes denominaciones: oficial de almacén, ayudante educativo, gestor informático, ingeniero de la Edificación, inspector de Transportes y técnico intermedio de Juventud.

UGT y CCOO han planteado “alternativas y propuestas” que no han sido aceptadas por la Administración, actitud que ha llevado a ambas centrales a votar en contra de la aprobación de la OEP. Acto seguido sus secretarios generales han trasladado a Vivas su “indignación y malestar”. El presidente se ha comprometido “a la realización de una nueva Mesa Negociadora dónde se volverá a tratar la Oferta de Empleo Público para el año 2022 de la Ciudad.

La Junta de Personal de Ingesa advierte retrasos en el diagnóstico de enfermedades

La segunda convocatoria de abril de la Junta de Personal de Ingesa y la que cerrará el mes ha sido la mañana de este jueves frente a las obras del Centro de Salud del Tarajal, en Ceuta, donde Ángel Lara, en representación del grupo, se ha referido a los retrasos que han sufrido estos trabajos y cuánto tiempo tenían pidiéndolos.

 “Llevamos años, más de una década, pidiendo que se adecentara este centro de salud”, ha señalado el presidente de la Junta de Personal de Ingesa.

Lara ha recordado que antes de la pandemia “se acordó el traslado para el adecentamiento del centro de salud al nuevo hospital y ha pasado la pandemia o quizás lo peor de la pandemia y seguimos con la obra, lo que nos indica la escasa voluntad política que ha habido de darle recursos a la sanidad ceutí, ya no solamente para las mejoras de este centro de salud, sino para un futuro cuatro centro de salud con la plantilla de profesionales que corresponde”.

Tras recordar cuáles serían las próximas concentraciones, en el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), en el Centro de Salud del Recinto y en el Centro de Salud de Otero, Lara también se ha referido a las razones que han motivado las mismas. “Los motivos de las mismas, como hemos hablado, sería la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial, pues es el ámbito donde se negocian las condiciones y mejoras que puedan tener los profesionales de la sanidad de Ceuta, a fecha de hoy seguimos sin convocatoria y dentro de nada estaremos en verano, y en verano sí que no habrá evidentemente convocatoria”, ha recalcado.

Lara teme que cierre el año sin negociaciones, a pesar de que se trata de la discusión de todas las condiciones laborales que implican a los trabajadores sanitarios.

 Más profesionales para la Sanidad de Ceuta

Asimismo, Lara ha recalcado la necesidad de aumentar el número de profesionales para la sanidad de Ceuta, tanto en atención primaria como en atención especializada.

 “Pero abundando en la atención primaria la necesidad es que bajara el número de ratios que tienen los profesionales, compañeros médicos, pediatras, enfermeras, que bajaran los ratios que tienen asignados, que viene siendo en torno a las 1.700 y 1.800 tarjetas sanitarias, y si nos vamos a la enfermería llegan a ser muy superiores, rozando los 2.000 usuarios por cada profesional”. Lara ha advertido nuevamente en que esto repercute en la calidad de la atención que estos profesionales quieren prestar a los pacientes.

Retrasos en el diagnóstico de enfermedades. Esa es una de las consecuencias que ha señalado Lara de la saturación que sufren los trabajadores sanitarios. “No lo digo yo, no lo decimos nosotros, lo dicen las sociedades científicas, ya hay múltiples estudios que se han hecho durante la pandemia y los retrasos están influyendo negativamente en el diagnóstico de estas enfermedades”. Ante esto ha insistido en la necesidad de un mayor número de profesionales para evitar los atascos y retrasos en la atención sanitaria y en la ejecución de las listas de espera.

El estatus de las obras del Centro de Salud del Tarajal

Sobre el estatus de las obras del Centro de Salud del Tarajal, Lara ha dicho que es muy poca la información que manejan. “Las explicaciones que nos dan son pocas y además solemos enterarnos por la prensa, yo creo que estamos al mismo nivel de información”.

Sin embargo, ha destacado que la culminación de los trabajos “no es atribuible como victoria a nadie”, señalando que “llevamos más de una década todos los que estamos aquí, exigiendo la mejora de este centro de salud”.

La mañana de este jueves se observaban varios trabajadores haciendo algunas pruebas en la puerta giratoria de la entrada, retirando algunos escombros y pintando el talud que se encuentra en la parte de abajo del acceso así como la parte interior, faltando algunos remates de la fachada.

Los trabajos continúan avanzando en distintos aspectos, recordando que durante una visita de la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos; el director territorial del Ingesa en Ceuta, Jesús Lopera; y la arquitecta y jefa del área de estudios y proyectos del Ingesa, Cayetana Aguirre, a mediados de marzo, se confirmó por parte de la adjudicataria que la fecha de fin de obra seguía siendo junio de este año.

SATSE: «El Congreso ha traicionado la mejora de la salud de más de 47 millones de personas»

Unas 1.500 enfermeras y enfermeros de todo el país se han concentrado este martes, frente al Congreso de los Diputados, para denunciar que la Ley que garantiza la seguridad de los pacientes, evitando posibles riesgos, complicaciones y fallecimientos en los centros sanitarios y sociosanitarios, lleva dos años y cinco meses “enquistada” en el Parlamento porque a algunos partidos políticos no les importa “absolutamente nada” la salud y calidad de vida de más de 47 millones de personas. Por parte de SATSE Ceuta, han asistido Elisabeth Muñoz y Carmen Saborido, secretaria general autonómica y vicesecretaria del Sindicato de Enfermería en la ciudad autónoma.

Como ya sucedió en diciembre de 2021, y convocados también por el Sindicato de Enfermería, delegados y delegadas de la organización, profesionales y estudiantes de Enfermería se han manifestado ante la Cámara Baja, detrás de una gran pancarta en la que se podía leer “Ley de Seguridad del Paciente. Aprobación ya”, coreando lemas como “No hay seguridad del paciente sin enfermeras suficientes”, “El cinismo y la traición os costará el sillón”, “Con engaños no se ganan los escaños” o “Nuestra Sanidad necesita calidad”.

Procedentes de todas las autonomías, además de Ceuta y Melilla, los profesionales manifestaron que se sienten “traicionados” después de constatar que, detrás de la falta de voluntad política de algunos partidos para que se apruebe la Ley que garantiza la seguridad asistencial a través de una asignación máxima de pacientes por enfermera, se esconden intereses exclusivamente políticos y partidistas en lugar de la mejora de nuestro sistema sanitario.

“Algunos representantes políticos son como los globos, que se insuflan de promesas y compromisos y finalmente se desinflan sin haber cumplido ni una sola palabra”, criticaron los manifestantes, los cuales aseguraron que no cejarán en su empeño de que el Congreso cumpla con la voluntad de las cerca de 700.000 personas que apoyaron esta Ley y llegue a ser una realidad en beneficio del conjunto de la ciudadanía y de las enfermeras y enfermeros de nuestro país.

En la actualidad, ya han transcurrido dos años y cinco meses desde que la Ley de Seguridad del Paciente entró en el Congreso de los Diputados y 16 meses desde que fue tomada en consideración con el respaldo casi unánime de todos los partidos (312 votos a favor y solo 10 en contra).

A pesar de que, en un principio, la mayoría de partidos políticos se mostraron muy favorables a su urgente aprobación, la Ley se encuentra paralizada porque, semana tras semana, se pide a la Mesa del Congreso la ampliación del plazo para poder presentar enmiendas parciales al texto normativo, y ya van cerca de 50 prórrogas

“Pretenden tomar el pelo a los ciudadanos y ciudadanas, creyendo que son ilusos e ignorantes o que terminarán por olvidar su compromiso de aprobar una ley que solo conlleva más salud, más igualdad en la asistencia sanitaria y más seguridad, pero no vamos a cejar en nuestro empeño y después de esta protesta multitudinaria vendrán todas las que resulten necesarias hasta lograr nuestro objetivo, que es el de toda la sociedad”, señalaron.

En la concentración convocada por SATSE se enfatizó que, “una vez superado lo peor de la pandemia del Covid-19, algunos partidos vuelven a demostrar su verdadera cara, que no es otra que abandonar a la sanidad publica y a sus profesionales, propiciando una clara y lenta agonía que puede llevarle a una perpetua existencia en precario, sino es a su total desaparición, tal y como ahora la conocemos”.

La Ley de Seguridad del Paciente sigue bloqueada en la Cámara Baja por los intereses partidistas y políticos de partidos que, como el PSOE, insiste, semana tras semana, en retrasar su tramitación, según ha constatado SATSE por información interna del Congreso de los Diputados.

El Sindicato pide también a Unidas Podemos que se libere del “secuestro político” al que le tiene sometido el PSOE y vote en contra en la Mesa del Congreso a nuevas peticiones del PSOE para seguir prorrogando el plazo de presentación de enmiendas parciales. En lo que respecta a ERC y PNV, SATSE valora que desde hace tiempo no estén obstaculizando la tramitación parlamentaria.

En el transcurso de la protesta, representantes de los grupos parlamentarios del PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos se acercaron a las enfermeras y enfermeros concentrados para mostrar su interés por sus demandas.

¿Qué es la Ley de Seguridad del Paciente?

Ley de Seguridad del Paciente nace como Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por SATSE, en 2018. Tras lograr cerca de 700.000 firmas de apoyo de ciudadanos y profesionales, además del respaldo de asociaciones de pacientes, usuarios y consumidores, personalidades y organizaciones enfermeras de todo el mundo, entra en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2019.

La aprobación de esta Ley resulta imprescindible para evitar los riesgos, complicaciones, efectos adversos, reingresos e, incluso, fallecimientos, que provoca una excesiva asignación de pacientes por cada enfermera/o, como sigue ocurriendo en nuestro país.

En España, hay hasta 25 pacientes por cada profesional en los hospitales, hasta 2.500 personas asignadas a una enfermera en los centros de salud y hasta 200 mayores en los centros sociosanitarios, pese a las reiteradas advertencias de numerosos estudios científicos nacionales e internacionales que concluyen, por ejemplo, que la falta de estos profesionales en los centros incrementa el riesgo de muerte en un 13 por ciento.

La Ley de Seguridad del Paciente establece que en los hospitales, como regla general, haya un máximo de seis pacientes por cada enfermera, pudiéndose asignar hasta ocho, y en los centros de salud, la asignación de población por cada enfermera o enfermero no deberá superar nunca los 1.500 habitantes.
En cuanto a los centros sociosanitarios, la Ley impulsada por SATSE estipula que debe establecerse la asignación de personas usuarias según la tipología del centro y los cuidados que se requieran.

De igual manera, esta Ley evita la grave sobrecarga y tensión asistencial que sufren las enfermeras y enfermeros y que les provoca un continuado deterioro y perjuicio de su salud física, psicológica y emocional, así como la aparición de distintas enfermedades y problemas de salud, a lo largo de toda su trayectoria profesional, apunta SATSE.

Cuando se apruebe, España será el primer país europeo y el tercero en el mundo, junto a EE.UU. y Australia, en contar con una norma de estas características. La inversión que requiere su aplicación se cifra en 50-60 euros por habitante al año. Por cada euro invertido se recuperan directa e indirectamente más de 1,6 euros. (efectos adversos, estancias inadecuadas y otros conceptos).

La externalización de la guardería condiciona el cierre de aulas en Juan Carlos I

La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la Ciudad Autónoma de Ceuta ha denunciado este lunes que la Consejería de Educación baraja cerrar dos aulas de la Escuela Infantil Juan Carlos I el próximo curso por falta de personal, situación que el Ejecutivo local atribuye a la entrada en vigor de la nueva reforma laboral que, auspiciada por Yolanda Díaz, ha limitado la posibilidad de seguir haciendo contratos temporales.

El Gobierno de Vivas ha explorado externalizar la gestión de la guardería Nuestra Señora de África que hasta ahora ha gestionado directamente, pero fuentes de la administración han explicado que, ante la imposibilidad de completar esa licitación a tiempo antes de septiembre, se está pendiente de la oferta pública de empleo (OPE) que se pueda convocar para saber si será preciso o no prescindir de alguno de los grupos que funcionan actualmente en ambos centros.

“La OPE tiene sus límites, como bien saben los sindicatos, y tampoco se puede dedicar íntegramente a Educación porque todos los ámbitos tienen sus necesidades de personal”, han advertido fuentes gubernamentales sobre el trabajo que actualmente está haciendo el departamento de Recursos Humanos.

La Ciudad oferta actualmente 162 plazas en la Escuela Infantil La Pecera, de gestión externa, 142 en Juan Carlos I y 62 en Nuestra Señora de África, pero al no poder mantener a todo su personal temporal todavía no sabe si tendrá capacidad para sostener ambos centros abiertos como hasta ahora. La única buena noticia para la Consejería que lidera Carlos Rontomé es que una de las concertadas, la Escuela Infantil Solete, con 50 plazas, no se verá abocada al cierre por la venta del inmueble en el que funciona, como se había temido durante las últimas semanas.

CCOO ha vuelto a criticar este lunes en un comunicado tanto el plan para externalizar la guardería (“ha quedado paralizado en gran medida debido a nuestra labor sindical junto a los progenitores de los niños y niñas que se podían verse afectados por tal decisión”) como que la alternativa para mantener ese centro con gestón directa pase por “vestir un santo para desvestir otro” con el “precinto” de dos aulas en Juan Carlos I que supondría “la perdida de un mínimo de 35 plazas”.

“Uno de nuestros preceptos es defender lo público y no podemos consentir este tipo de actuaciones simplistas por parte de la administración, que una vez mas es incapaz de gestionar de forma adecuada las obligaciones que tiene contraída con la sociedad a la que está obligada a servir”, ha reprobado el sindicato.

Desde su punto de vista, “si el problema, como nos manifiestan, radica en la falta de personal para dar un servicio de calidad a la ciudadanía por carecer de presupuesto económico para ello (pero si para la infinidad de puestos de asesores y personal eventual), la Ciudad está obligada a crear las plazas necesarias para el sostenimiento de sus recursos propios a la vez de ofrecer oportunidades de trabajo público”.

Satse Ceuta estará en Madrid para denunciar el “bloqueo” de la Ley de Seguridad del Paciente

El Sindicato de Enfermería, Satse, con representación en Ceuta al igual que en todo el país, ha criticado que algunos partidos políticos no hayan tenido tiempo en dos años y cinco meses para preparar sus enmiendas parciales a la Proposición de Ley que garantiza la Seguridad del Paciente en todo el Estado y sí lo hayan encontrado para presentar iniciativas en la Comisión de Sanidad sobre asuntos de interés menor, cuestionable y/o partidista.

Satse subraya que, del total de iniciativas registradas por los distintos partidos políticos en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados (proposiciones de Ley y no de Ley, peticiones de comparecencias de diferentes cargos públicos, expertos y profesionales, preguntas orales…), hay un grupo destacable de las mismas cuya beneficio o relevancia para el sistema sanitario y el conjunto de la ciudadanía es, cuando menos, discutible.

“Entendemos que cualquier iniciativa que conlleve algún tipo de beneficio, aunque sea menor o de ámbito reducido, es positiva, pero sabiendo que la gestión política debe establecer prioridades en base al tiempo y recursos disponibles, nos extraña y preocupa que los partidos no estén priorizando la tramitación parlamentaria de una Ley que mejorará la atención sanitaria y cuidados de toda la sociedad de nuestro país, es decir, de más de 47 millones de personas”, señala.

En este sentido, Satse recuerda que la Mesa del Congreso de los Diputados ha aprobado hasta la fecha cerca de 50 prórrogas al plazo establecido inicialmente para que los grupos políticos presenten sus enmiendas parciales a la Ley de Seguridad del Paciente, después de que el Pleno de la Cámara, celebrado el 15 de diciembre de 2020, tomase en consideración esta norma con el respaldo casi unánime de los partidos (312 votos a favor y solo 10 en contra).

Por ello, enfermeras y enfermeros de todo el Estado se concentrarán este martes, día 26, a las 11.00 horas, frente al Congreso de los Diputados, para denunciar el “bloqueo” que sufre la tramitación parlamentaria de una Ley que evita que los pacientes puedan sufrir más riesgos, complicaciones, efectos adversos y un incremento de la mortalidad y morbilidad si tienen que ser atendidos en el sistema sanitario de nuestro país.

Ceuta, presente en la protesta

Elisabeth Muñoz y Carmen Saborido, secretaria general autonómica y vicesecretaria de SATSE Ceuta, asistirán a la protesta que está convocada por el sindicato para este martes ante el Congreso en Madrid. De igual manera, esta Ley evita la grave sobrecarga y tensión asistencial que sufren las enfermeras y enfermeros y que les provoca un continuado deterioro y perjuicio de su salud física, psicológica y emocional, así como la aparición de distintas enfermedades y problemas de salud (estrés, burn out…), a lo largo de toda su trayectoria profesional, apunta Satse.

La financiación de protectores solares en algunas sintomatologías dermatológicas; el refuerzo de los controles sanitarios en puertos, aeropuertos y estaciones españolas; la integración del mutualismo administrativo en el régimen general del SNS; la elaboración de un libro blanco sobre el uso medicinal del cannabis o pedir la comparecencia de la ministra de Sanidad para saber si está de acuerdo con la concesión de indultos a los condenados en la sentencia del Procés de Cataluña, son algunos de los asuntos que han suscitado el interés de los grupos políticos.

Asimismo, la Comisión de Sanidad ha registrado desde 2019 iniciativas sobre la aprobación del Grado en Imagen Médica y Radioterapia; la reformulación de la vacunación en varones contra el virus del papiloma humano; el impulso de la medicina personalizada de precisión y de la estrategia farmacéutica europea; la creación de la Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias (AIEPPS), y el apoyo de la innovación incremental en el desarrollo de medicamentos.

Por último, Satse recalca que, frente a iniciativas que responden a intereses, en ocasiones, particulares o meramente políticos y partidistas, la Ley de Seguridad del Paciente entró al Congreso de los Diputados por contar con el apoyo de cerca de 700.000 ciudadanos y profesionales sanitarios, así como de numerosas asociaciones de pacientes y usuarios, organizaciones de enfermeras de todo el mundo y distintas personalidades de la comunicación, la cultura y el deporte de nuestro país.

“En lugar de buscar y garantizar el interés de más de 47 millones de personas, la Ley de Seguridad del Paciente lleva bloqueada 16 meses por los intereses partidistas y políticos de partidos que, como el PSOE, insiste, semana tras semana, en retrasar su tramitación, según información interna del Congreso de los Diputados”, concluye.