CSIF ofrece un curso de multilingüismo y diversidad cultural válido para oposiciones docentes

El sindicato CSIF ofrece a través de su plataforma online un curso de multilingüismo y diversidad cultural en las ciudades de Ceuta y Melilla. Para participar en el curso, según han informado en nota de prensa el sindicato, hay que estar en posesión del título de diplomado, licenciado o grado, o en proceso de obtención de los mismos. Se celebrará entre los días 1 y 31 de cada mes y el plazo de matriculación concluye los próximos días 30 también de cada mes. Es un curso de 101 horas y válido para oposiciones docentes.

El precio para los afiliados es de 60 euros y de 110 euros para los no afiliados. Los requisitos técnicos necesarios son tener conexión a internet para acceder a la plataforma de trabajo del curso. Para comprobar si el interesado puede realizar más de un curso a distancia a la vez, CSIF recomienda ponerse en contacto con la sede de CSIF Ceuta situado en Calle Real 90. Asimismo, alrededor de un mes después de la fecha de finalización del curso, se obtiene la titulación por correo electrónico.

El curso está dirigido a maestros y profesores funcionarios, interinos o en situación de desempleo, de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, Idiomas, Música y Artes para oposiciones, bolsas de trabajo, listas de interinos, etcétera.

El curso tiene como tutora a Ana María del Carmen de la Hoz Lara y está organizado por CSIF, con homologación por la Universidad Pontificia de Comillas, de Madrid. El curso ofrece una visión global y actualizada de la realidad sociocultural y educativa de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se analiza el fenómeno de la globalización y su incidencia en la sociedad y la cultura y se presentan las características de las sociedades complejas, y diversificadas desde una perspectiva multicultural.

En concreto, también se plantea un repaso a la trayectoria y situación actual de Ceuta y Melilla en diferentes ámbitos de la cultura, la política y la economía, además de analizar las dificultades y obstáculos para el logro de la interculturalidad real y efectiva.

El Foro de la Educación se renueva con Ángel Gabarrón al frente

El secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Alejandro Tiana, ha aceptado la propuesta elevada por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación para la renovación parcial del Foro de la Educación de Ceuta, un hecho que se ha producido tras haber agotado varios miembros el período máximo de nombramiento. De esta manera, el nuevo foro ha quedado constituido con Ángel Gabarrón Pérez como nuevo presidente.

En el punto 2 del artículo 4 de la Orden EDU/1499/2009, por la que se crea el citado foro, se establece que el mandato de los miembros que componen el foro tendrá una duración de cuatro años, que se entenderá prorrogado en el tiempo que diste entre su finalización y el nombramiento de los nuevos miembros hasta un máximo de dos períodos de nombramiento.

Por consiguiente, el nuevo foro de la educación ha quedado constituido también por los representantes de la Administración Educativa, que serán el jefe de la Inspección de Educación de la Dirección Provincial, Carlos Cornax Castillo; que actuará como presidente en caso de ausencia o enfermedad del titular, y el jefe de la Unidad de Programas Educativos, Antonio Coronil Rodríguez.

Como suplentes se han propuesto al inspector de Educación Jornatán García Mino, y el responsable de la UCOE Andrés Tapia Casado.

Las secciones educativas de las organizaciones sindicales estarán representadas por los docentes María José Fernández Maqueira, en representación de UGT (suplente Carlos Antón Torregosa); Lorena Díaz Merino, en representación de CCOO (suplente María Ángeles Rivera Jarillo); María Dolores Cuadra Vega, en representación de CSIF (suplente Estefanía Lara Miranda); Carlos Roda Núñez en representación de ANPE (suplente Ana Isabel Vargas Machuca y Villanueva) y Amparo Canto March, como representante sindical de los docentes de la enseñanza concertada (suplente Jesús Gormaz Cavada).

Por su parte, los representantes de las madres y padres de alumnos, a propuesta de las asociaciones de madres y padres de alumnos con mayor representatividad, serán María Isabel Pino Gallardo (suplente Mustafa Mohamed Mustafa), Haddoch Marzok Mohamed (suplente José Vega Ortega) y Sebastián Domínguez Espinosa (suplente Sofía Ortega Rosado).

La representante del Personal de Administración y Servicios, a propuesta de las organizaciones sindicales, será África Torres Vera (suplente Yolanda Díaz García), mientras que el representante de los centros docentes, a propuesta de las organizaciones de titulares y empresariales de la enseñanza, será Antonio León Peralbo (suplente David Díez Ibáñez).

A su vez, el representante de la Universidad, a propuesta del rector de la Universidad de Granada, será Antonio José Moreno Guerrero (suplente María José Aznar Uzurrunzaga) y el de la Administración Local será el consejero de Educación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Carlos Rontomé Romero, a propuesta del presidente de la Ciudad (suplente Javier Celaya Brey).

«Como personalidades de reconocido prestigio en el mundo de la educación en Ceuta, continúan en el Foro María Isabel Lorente García (suplente Sandra López Cantero), Manuel Morales Reyes (suplente Alfonso Roldán Alba) y Fernando Trujillo Sáez (suplente Verónica Rivera Reyes), y se incorporan, como nuevos miembros, Jesús Canca Lara (suplente Margarita Suárez Escalona) y María Dolores Bruzón Cid (suplente Amalia Caravaca Alzina)», han explicado en el comunicado.

Los representantes de las organizaciones empresariales, a propuesta de las organizaciones más representativas, serán Antonio Ramírez Hurtado (suplente Bhagwan Dhanwani Doulatram) y Arantxa Campos Gorriño (suplente Miguel Ángel Pérez del Castillo). Los representantes de las organizaciones sindicales, a propuesta de las organizaciones más representativas serán Felipe Cerda Adelaida (suplente Sergio Laserna Fuente) y Manuel José López Ruiz (suplente Manuel Domínguez Rosillo).

Asimismo, tres representantes del alumnado (con sus respectivos suplentes en caso de ausencia), uno de los cuales formará parte del Foro en representación del Consejo de la Juventud, y la actual secretaria general de la Dirección Provincial, Arantxa Fernández Mora, actuará como secretaria del foro, con voz pero sin voto.

Un órgano de carácter consultivo

El Foro de la Educación de Ceuta es un órgano colegiado de carácter consultivo, cuyo objetivo es asesorar sobre situaciones referidas al aprendizaje escolar, impulsar la elaboración de informes, estudios o diagnósticos en materia de oferta educativa y proponer medidas que ayuden a mejorar los resultados escolares en la ciudad de Ceuta.

Entre sus funciones, se encuentra la actuación como órgano de asesoramiento, análisis y difusión de información periódica relativa a la situación de la educación no universitaria en la ciudad de Ceuta; la promoción de la mejora de la equidad y la calidad de la enseñanza en todos sus aspectos; la recogida y el análisis de información sobre medidas y actuaciones para poner en marcha desde las diferentes instancias, públicas y privadas, para mejorar la gestión educativa en la ciudad de Ceuta.

La Junta de Personal de Ingesa reitera su exigencia de un cuarto centro de salud para Ceuta

El presidente de la Junta de Personal del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Ceuta, Ángel Lara, ha reclamado este jueves un cuarto centro de salud “como en la ciudad hermana de Melilla”, especialmente con la próxima reapertura de la frontera.

Según prevé, ello supondrá más carga de trabajo para la sanidad ceutí, porque desde Marruecos se demanda esta asistencia. “Nosotros, por supuesto, se la brindamos y se la ofrecemos, pero necesitamos que se reconozca el hecho de la población flotante que entra en Ceuta”, ha afirmado Lara, quien ha repetido que, para ello, se necesitan más infraestructuras, más profesionales y una mayor estabilización de la plantilla, especialmente de los trabajadores que vienen de fuera, “que es uno de los grandes problemas que tiene el Ingesa”.

“Veinte años abandonada”

En una concentración en el centro de salud de Otero, Lara ha desvelado que no ha habido ningún contacto con la dirección del Ingesa desde que comenzaron con estas movilizaciones. “Ellos siguen en su tónica, pero la sanidad de Ceuta lleva 20 años abandonada por el PSOE y por el PP”, ha protestado el dirigente sindical, para quien los gobernantes “viven escondidos y de espaldas a la ciudadanía, prometiendo lo que no van a hacer con unas elecciones el año que viene”.

“Están esperando que nos cansemos”, se ha quejado, de nuevo, Lara, quien ha pedido el apoyo de la ciudadanía para “revertir el proceso”, porque solo así se podrá conseguir. Por ello, ha animado a los ceutíes a que “no solamente muestren su malestar en los medios de comunicación”, sino que los acompañen en unas concentraciones que continuarán cada jueves. En este sentido, Lara ha indicado que, igual que es derecho de los profesionales del Ingesa dar a los ciudadanos la mejor atención posible, es derecho de los ceutíes recibirla. Para ello, ha admitido, hacen falta medios que deberían proporcionar la Administración y el Instituto. “Algo que no hacen”, ha añadido.

Lara ha recalcado que, puesto que “lo que está en juego es la salud y la atención que se les da a los usuarios”, los sindicatos no se cansarán de reivindicar lo que creen que es un derecho para los trabajadores del Ingesa y para los ciudadanos.

Así, el próximo jueves, la concentración se realizará en el centro de salud del Tarajal “para ver las carencias que hay en un lugar que lleva años en obras”, y la siguiente semana será el turno del Hospital Universitario, ha anunciado Lara, quien ha adelantado que el personal sanitario continuará con sus protestas “hasta que haya algún movimiento por parte del Ingesa”.

Denuncian el aumento de casos covid de presos y trabajadores en Mendizábal

La sección en Ceuta del sindicato penitenciario Tu Abandono Me Puede Matar -TAMPM- ha denunciado el incremento de casos de covid en la cárcel de Mendizábal que afectan tanto a presos como a trabajadores. Tal y como expone el sindicato, desde que se volvieron a habilitar las comunicaciones con familiares y amigos se han registrado contagios de internos “que ya están vacunados y que han dado positivo en el test o mostrado problemas de salud o síntomas compatibles con esta enfermedad. Esto nos hace sospechar que el número de contagiados asintomáticos sea mayor”, exponen. Según el sindicato habría 8 internos afectados y 7 trabajadores.
Precisamente en el caso de los contagios de los trabajadores, el sindicato expone que hay inquietud entre los compañeros. “Hoy”, por ayer, “hemos conocido además que en breve se levantarán algunas restricciones sanitarias como lo son el uso de mascarillas en espacios abiertos, bares, locales de espectáculos etc. Pues bien, parece ser que en prisiones, los trabajadores estaremos obligados a seguir portando la mascarilla, mientras que se elimina esa restricción en la población reclusa. Además no se especifica en el borrador que ha preparado el Ministerio de Sanidad, si los familiares de internos deberán portarla en las comunicaciones o si un interno que regresa de permiso deberá llevarla o se le aplicará cuarentena preventiva o no. Esto nos hace creer que para la administración el uso de la mascarilla ya no es una apuesta por combatir una enfermedad infectocontagiosa sino una apuesta por comprobar la obediencia. Sabe el gobierno que no retirar el uso de mascarillas entre la población reclusa le puede dar problemas de conflictos, pero sin embargo, mantenerla entre los trabajadores, supone nuevamente una exigencia al colectivo cuando las medidas sanitarias apuntan en otra dirección”.
Además, según TAMPM “no se está acometiendo con diligencia el aislamiento de estos internos en cuarentena al estar ubicados en el departamento de ingresos y salidas, que no cumple con la función técnica y arquitectónica de módulo residencial y, por tanto, crea problemas de seguridad”, reseñan.
“La solución pasaría por la apertura de uno de los departamentos residenciales que hasta el momento permanecen cerrados, cosa que no se ha llevado a cabo, porque desde TAMPM entendemos que al abrir más dependencias, que son necesarias, supondría asumir que la prisión ceutí debería ser considerada como un centro penitenciario de máxima seguridad con categoría 1.1, y no como se empeña el secretario general, Ángel Luis Ortiz, que no quiere reconocer esta categoría a la prisión de Ceuta, porque esto supondría contemplar más medios personales, materiales y económicos”.
El sindicato denuncia que “la apuesta de la actual administración penitenciaria está lejos de la seguridad, ya que este gobierno por lo que aboga es por conceder más permisos penitenciarios y aumentar el número de beneficios para acceder antes a la libertad de los condenados, incluso en los supuestos de internos que han observado mala conducta en su trayectoria penitenciaria”.

Los médicos residentes en Ceuta, entre los que menos cobran cuando tienen guardia

Ceuta está entre las zonas del país que peor paga las guardias MIR o, lo que es lo mismo, las horas de guardia realizadas por los médicos residentes. Así se detalla en un informe que recopila los datos recogidos por el Sindicato Médico Andaluz que detalla las diferencias existentes según en qué parte del país se ejerza. Sobre Ceuta y Melilla lo que se indica es que las horas de guardia en día festivo se les remuneran a 12,42 euros, mientras que si se trata de un día laborable la cuantía es aún menor, de 11,90 euros. Aún así las ciudades autónomas no están a la cola, pues en Canarias se registra el mínimo de retribución a nivel de España.

En el lado opuesto está Navarra, donde los médicos residentes de primer año perciben 16,29 euros/ hora en la Comunidad Foral, 6,31 euros más que en Canarias, lo que supone una diferencia del 63,23 por ciento. No obstante, los residentes de primer año en Navarra perciben la misma cantidad de dinero por las horas extra trabajadas en día laboral que en festivo, por lo que Castilla-La Mancha se sitúa como el territorio en el que más se paga la hora de guardia en festividad con 17,25 euros.

Tras Ceuta y Melilla, La Rioja se posiciona como la región con peor retribución: 13,14 euros/hora. Por tanto, la diferencia entre el máximo y el mínimo por hora de guardia en día festivo en España es de 4,83 euros, lo que se traduce en un 38,89 por ciento.

Remuneración por hora de guardia MIR en día laboral

Según el documento liderado por Vicente Matas, Castilla-La Mancha es la segunda CCAA que más paga por hora de guardia trabajada en día laboral, a 16,25 euros, y País Vasco la tercera, con una remuneración a los R1 de 15,34 euros/hora.

En la otra cara de la moneda se sitúa Madrid que, después de Canarias, es la región que peor paga las horas de guardia de los residentes: 11,17 euros. Tras la Comunidad de Madrid se sitúan Ceuta y Melilla (11,90 euros/hora) y Extremadura y Murcia, con 12,35 euros/hora. La media de España es de 13,32 euros/hora.

El MEFP avanza con la ordenación del profesorado de FP a extinguir

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) mantendrá en periodo de consulta pública previa hasta el viernes de la próxima semana el proyecto de Real Decreto que regulará la integración del profesorado del Cuerpo a extinguir de profesores técnicos de Formación Profesional (actualmente 70 de carrera y 78 interinos en Ceuta, según las cifras que maneja el sindicato ANPE), en el de Enseñanza Secundaria y, por tanto, en el grupo A1.
Con esta norma la administración pretende “establecer el procedimiento de integración en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de aquellos funcionarios del Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional que cumplan los requisitos establecidos en la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 3/2020, donde se establece la integración de quienes se encuentren “en posesión de la titulación de grado universitario, licenciatura, ingeniería o equivalente a efectos de acceso a la función pública docente o de docencia.

El plazo para poder tener y presentar titulación se amplía a 5 años con la Ley de FP

Una vez publicada la Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración de la Formación Profesional, el MEFP desea, en lo relativo al cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares, así como en determinados aspectos referidos a los cuerpos docentes que prestan el servicio educativo en el ámbito de las enseñanzas de FP, garantizar “una estructura de profesorado que se adecúa a las circunstancias actuales de su ejercicio docente”.
El procedimiento que se plantea para la integración del Profesorado Técnico de FP en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria será la presentación de la titulación académica de grado universitario, diplomatura o ingeniería técnica en el plazo de 20 días, tras la publicación de la convocatoria específica al efecto.
Posteriormente, se habilitará un periodo de un lustro para que aquel profesorado que no lo haya periodo en el plazo inicial pueda integrarse a lo largo de esos cinco años. En este caso, su equiparación salarial y su integración en el Cuerpo de Secundaría tendrán efectos en la fecha que se produzca la solicitud.

Los sindicatos han reclamado un procedimiento “inmediato y ágil”

Hay 10 especialidades que quedarán enmarcadas en el nuevo Cuerpo de Profesorado Especialista (A2): Cocina y pastelería, Estética, Fabricación e instalación de carpintería y mueble, Mantenimiento de vehículos, Mecanizado y mantenimiento de máquinas, Patronaje y confección, Peluquería, Producción de artes gráficas, Servicios de restauración y Soldadura.
El profesorado de las especialidades que pasen a Secundaria que no tenga titulación universitaria quedará en el cuerpo a extinguir. En cualquier caso, las atribuciones docentes no sufren modificaciones y se mantienen condiciones laborales y de promoción interna.
UGT y CCOO han reclamado un procedimiento “inmediato y ágil” para consumar la integración, así como se establezcan plazos similares en todas las autonomías, que no haya límite temporal para tener y presentar titulación universitaria y complementos.

Guardias civiles que prestan servicio en la valla, miembros de Costas y Fronteras

La Dirección General de la Guardia Civil ha considerado la propuesta presentada por la Asociación Española de la Guardia Civil –AEGC– para que los agentes que prestan servicio en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla sean catalogados como miembros de unidades de Costas y Fronteras. Una medida que llevará el aumento del complemento específico singular superior al que actualmente perciben.
La AEGC, en un escrito presentado a la Dirección que fue adelantado por El Faro de Ceuta, reclamó la transformación de las compañías de Seguridad Ciudadana de Ceuta y Melilla en Fiscal y Fronteras, ya que son las funciones que realizan los agentes destinados en ambas ciudades y, por tanto, deben cobrar la función que desarrollan.
Ahora, tal y como ha confirmado la asociación a este periódico, se está trabajando por parte de la Dirección en esa transformación al “considerar que los guardias civiles que realizan servicio en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla deben estar dentro del dispositivo nacional de la especialidad de fiscal y fronteras y, por tanto, pasarán a tener todos los derechos inherentes a esa especialidad, es decir, la titulación adecuada y el Complemento Específico que corresponde a la misma”, explican.
Ahora la clave está en cómo se va a tener que organizar la Comandancia para la reestructuración que tendrá que llevar a cabo. Tal y como detalla la AEGC, caben varias posibilidades: “La primera, que pasa por la unificación de ambas compañías -la actual de Fiscal con la Compañía de Seguridad Ciudadana y, por tanto, esta Unidad se encargaría de todo el cometido en ambas ciudades autónomas-. La segunda, quedar como actualmente están con una nueva nomenclatura para la Compañía de Seguridad Ciudadana, que se encargaría de la vigilancia de costas y el perímetro fronterizo. Existiría otra Unidad que se dedicaría a la vigilancia de Delegación, juzgado, prisión y vigilancia de seguridad en la Comandancia”.

La orden general que regulaba esta especialidad se publicó en septiembre de 2021

La Dirección tiene que hacer su trabajo, tras tiempo de retraso y de no cumplir con lo que sencillamente correspondía a los guardias civiles, que desde que entró la nueva orden general de Costas y Fronteras están cumpliendo con unas funciones que no han sido remuneradas. Es la Dirección y los jefes de la Comandancia los que tendrán que evaluar “cuál es la mejor forma de organización de ambas comandancias para dar un mejor servicio a los ciudadanos”. Desde AEGC agradecen “la disposición de los jefes de Comandancia y a la Dirección General por aceptar nuestra propuesta y hacer justicia con los guardias civiles de ambas ciudades autónomas. Unos guardias que realizan el servicio más penoso de todo el país”, recuerda.
No le falta razón a la Asociación Española de la Guardia Civil a la hora de indicar esto. Todavía se recuerdan las manifestaciones de quien fuera máximo responsable del Cuerpo en Ceuta, el coronel Julio Quílez Guillén, cuando calificó el servicio en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla como “el más duro de todo el país”.
Con esta propuesta, la AEGC aclara que se pretende que cada guardia civil “cobre lo que realmente le corresponde por las funciones que realiza”. Esta nueva Unidad posibilitaría a los guardias de más edad poder optar a un servicio con menos exigencia física, como pueden ser los servicios de Delegación del Gobierno, juzgados, vigilancia de la penitenciaría.


La consideración de la propuesta de AEGC evitará que los guardias civiles tengan que reclamar su pertenencia a las unidades fiscales teniendo que presentar instancias y recursos contenciosos que llenarían los juzgados y provocarían quebraderos de cabeza para los agentes y la Administración.
Fue en septiembre de 2021 cuando la Dirección General de la Guardia Civil publicó la Orden General número 21/2021, en la que se regulaba la especialidad de fiscal y fronteras. “Esta especialidad integra el conjunto de capacidades que habilita a los guardias civiles para el desempeño de las funciones de Policía fiscal y aduanera para prevenir y perseguir el contrabando, el narcotráfico, así como la custodia, control y vigilancia de las costas, fronteras, puertos y aeropuertos y, en este ámbito, el control de la inmigración irregular”, apunta la asociación.

«Ya en época de mando de Julio Quílez al frente de la Guardia Civil, se llegó a calificar el servicio prestado en el perímetro como el más duro de todo el país»

La petición cursada por AEGC es de ese mismo mes, cuando reclamó de manera oficial que fueran transformadas las compañías aludiendo al cometido, prácticamente exclusivo, de los guardias civiles para estas funciones. La transformación de la unidad otorga a los guardias civiles de estas unidades la habilitación preceptiva, que lleva consigo el aumento del Complemento Específico Singular de esta especialidad -unos 50 euros-. “Es lo que les correspondería en justicia a estos guardias civiles”, justifica la AEGC.
Tanto en Ceuta como en Melilla, los guardias civiles hacen básicamente cometido de vigilancia de perímetro fronterizo y costa, con excepción de los que realizan servicio en las instalaciones bajo su seguridad como Delegación, la propia Comandancia, los juzgados o la cárcel.
La AEGC está atenta al cumplimiento de este compromiso por parte de la Dirección, después de meses esperando que se haga justicia y bajo la advertencia de iniciar movilizaciones si no se acata una promesa que cobra, ahora mismo, mucho más sentido ante el anuncio de la apertura de las fronteras de las dos ciudades autónomas y el necesario mayor control que deberá tenerse en las líneas con Marruecos.

Cinco meses desde que se anunció que había sensibilidad

La Dirección General de la Guardia Civil se toma su tiempo aun cuando las reclamaciones están más que fundamentadas. Fue en octubre de 2021 cuando se conocía la sensibilidad para dar el visto bueno a dicha petición, lo que suponía reconocer las peticiones de los guardias civiles. Cinco meses han pasado para que la AEGC haya sido informada de que su petición, formulada oficialmente por registro, tiene cabida. Informaciones oficiosas daban por hecho que este paso se daría, pero se ha tardado meses en que se le haya dado cierto viso de oficialidad. Este cambio llevará a que la propia Comandancia de Ceuta como la de Melilla tengan que reestructurar el organigrama existente en la actualidad y su funcionalidad.

La Junta de Personal del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ratifica su agenda

Tal y como lo habían anunciado durante su última concentración de marzo, en la puerta principal del Centro de Salud del Recinto en Ceuta, quienes integran la Junta de Personal de Ingesa confirmaron ayer que reactivarán las medidas de protesta el próximo 21 de abril frente al Centro de Salud Otero.
La agenda se mantendrá igual con concentraciones en los diferentes centros de salud de la ciudad, pues hasta el momento no está previsto cambiar la estrategia, a pesar de no haber recibido respuestas tras las actividades que llevaron a cabo el pasado mes de marzo.
El mes de abril lo cerrarán con otra concentración. Será específicamente el día 28 frente a las obras del centro de salud del Tarajal, con el objetivo de “demostrar el fracaso del Sistema Sanitario de Ceuta”.
Ángel Lara, presidente de la Junta de Personal del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, señaló que ratificaron la decisión de que las concentraciones fueran de manera indefinida una vez por semana, todos los jueves, ante el silencio por parte de la Administración a una serie de reivindicaciones que consideran son prioritarias y que han repetido en numerosas oportunidades.
“Yo creo que las pretensiones nuestras son muy claras: la activación de la convocatoria de Mesa Sectorial con un cronograma de asuntos que tenemos que tratar y una propuesta seria y razonada de ampliación de plantilla”, recordó.
Lara insistió en que en principio la idea es mantenerse con las mismas actividades, sin descartar más adelante otras acciones que pudieran ser mucho más contundentes. Asimismo, reiteró su llamamiento a la ciudadanía, señalando que lo que reclaman es en beneficio colectivo. “Queremos involucrar a la ciudadanía porque ese es el meollo de la cuestión, pues estamos pidiendo fundamentalmente para ellos, para poderles dar un buen servicio”.
Y precisamente dependerá de la incorporación de más personas al grupo, incluyendo los mismos usuarios de los centros de salud, que puedan valorar la posibilidad de llevar a cabo otras acciones, como por ejemplo la gran manifestación en la Plaza de los Reyes a la que hicieron referencia a principios del pasado mes de marzo.
“Nuestra pretensión es sentar al Ministerio y lo vamos a conseguir, no vamos a parar hasta que lo consigamos”, aseguró el presidente de la Junta de Personal del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Los sindicatos, a favor de la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera

Los tres sindicatos generalistas y mayoritarios de Ceuta apoyan la inclusión de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera. De esta manera lo manifestaron algunos de sus dirigentes en declaraciones a El Faro de Ceuta.
Así, el secretario de Organización de UGT en la ciudad, Miguel Ángel Escobedo, opinó que “entrar en la Unión Aduanera estaría bien, siempre que se mantuviera el régimen fiscal que a día de hoy tiene Ceuta”.

El dirigente sindical explicó, sobre las ventajas que traería para Ceuta, que entrar en la Unión Aduanera le beneficiaría en que “podría tener libre movimiento de mercancías por el espacio europeo sin pagar aranceles”.
Sin embargo, Escobedo recordó que, a día de hoy, la mayor parte de los ingresos que obtiene Ceuta proceden del IPSI, que es el impuesto que grava la importación de bienes y la prestación de servicios en ambas ciudades autónomas, incluso si vienen de la península o de las Islas Baleares.

Además, añadió Escobedo, tanto las empresas como los ciudadanos se benefician de las bonificaciones a los impuestos del IRPF y de Sociedades, así como las de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores. En resumen, por lo tanto, para el secretario de Organización de UGT en Ceuta, “si entrar en la Unión Aduanera permitiera el mantenimiento de los beneficios del régimen fiscal especial, sería interesante entrar; de lo contrario no lo sería tanto”.

Mientras tanto, para el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Emilio Postigo, “todo lo que sea legalizar los trámites aduaneros es bueno”. En su opinión, con ello se conseguiría “abrir mercado en la ciudad legalmente”, dado que lo que había “daba una visión tercermundista con lo que ocurría en la frontera”.
Además, añadió, la pertenencia de las dos ciudades autónomas a la Unión Aduanera les “daría vida y asentaría su españolidad”. En conclusión, manifestó su apoyo sin ninguna duda, porque permitiría “hacer las cosas como se tienen que hacer”.

Por parte de CSIF, el presidente de su sector de Administración Local, Iván Ramos, consideró que la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera es “algo imprescindible para que ambas sigan avanzando y evolucionando como parte del primer mundo”. Según añadió, “en ciertas ocasiones” tiene dudas de que eso sea así, dado que “algunos intentan evitarlo a toda costa”.

El Plan Estratégico

Cabe recordar que el borrador del Plan Estratégico de Ceuta, en su artículo 61, defiende lo mismo que Escobedo. En dicho párrafo se puede leer lo siguiente: “Solicitar la integración en la Unión Aduanera Común, al amparo de las previsiones que al respecto se incluyen en el Tratado de Adhesión. Una decisión que, tomando como referencia el precedente de otros territorios insulares que antes dieron este paso, no debe suponer perjuicio ni para el resto de especifidades del régimen especial ni para la industria u otras actividades que en la actualidad se sustenten en la condición de territorio franco aduanero, y sí favorecer la simultánea aprobación de un plan específico de ayudas”.

El compromiso del Gobierno central es tener listo el Plan este verano. Para ello, encargó a la empresa pública Tragsatec, a un precio de 600.000 euros, una consultoría para decidir a partir de ella la estrategia. Sin embargo, aún quedan cuestiones por decidir, como esta de la Unión Aduanera o la excepción al Tratado de Schengen. Por ello, la Delegación del Gobierno y Tragsatec organizaron a comienzos de semana, en el edificio de la Seguridad Social, unos talleres con los técnicos y agentes sociales para recabar propuestas en la elaboración del Plan, que es un encargo del Ministerio de Política Territorial.

La excepcionalidad

Según se desprende de este mandato, uno de los ejes de los Planes Estratégicos de Ceuta y Melilla debe pasar por el plano de la seguridad. De esta forma, entre otras medidas, figura la inclusión de ambas ciudades en el Espacio Europeo Sin Fronteras o Tratado de Schengen, “con el objetivo de visibilizar los límites de la frontera sur de la Unión Europea”.

A mediados de junio de 2021, el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, explicó que el Gobierno estaba “considerando” la posibilidad de “suprimir” el régimen especial que para las ciudades autónomas se dispuso cuando España ingresó en Schengen, una excepcionalidad que permite a los residentes en las provincias marroquíes de Tetuán y Nador acceder sin visado a Ceuta y Melilla, respectivamente.

“De esa forma el control fronterizo pasaría a estar en el paso con Marruecos” y no en el puerto, explicó entonces González-Barba en declaraciones a los medios.

La Dirección General de la Guardia Civil se olvida de los agentes de Ceuta y Melilla

AUGC acusa a la Dirección General de la Guardia Civil de “olvidar” a los agentes destinados en Ceuta y Melilla, al no reconocer la labor que prestan las Compañías de Seguridad Ciudadana en la frontera. Recuerda la asociación que su labor no es como la que se desarrolla en otros puntos del país, pero a pesar de esas diferencias no se interviene como se debe.
“Algunos componentes que llevamos en Melilla más de 20 años sólo hemos visto frontera y más frontera. Aquí, la función de seguridad ciudadana es casi toda del Cuerpo Nacional de Policía”, explica uno de los guardias civiles de la Compañía de Seguridad Ciudadana que está destinado en Melilla.
Las funciones de los agentes de esta Unidad son propias de las de Fiscal y Frontera, ya que diariamente se dedican a custodiar, controlar y vigilar las costas y fronteras, además de encargarse del control de la inmigración irregular. Sin embargo, critica la asociación, la Dirección General de la Guardia Civil no reconoce a las Compañías de Seguridad Ciudadana esta serie de tareas que llevan a cabo en el perímetro fronterizo. Así lo demuestran en la Orden que acaba de entrar en vigor. El día uno de este mes, arrancaba la Orden General número 21/2021 de 9 de septiembre, que regula la especialidad de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil.
La citada norma define lo siguiente: “La especialidad de fiscal y fronteras integra el conjunto de capacidades que habilitan a la Guardia Civil para el desempeño de las funciones y actuaciones de policía fiscal y aduanera tendentes a prevenir y perseguir el contrabando, el narcotráfico y demás tráficos ilícitos en el ámbito de las funciones encomendadas a la Guardia Civil por la normativa vigente, así como la custodia, control y vigilancia de las costas, fronteras, puertos y aeropuertos, y en este ámbito, el control de la inmigración irregular”.
Toda esta serie de funciones y actuaciones enumeradas son las mismas que están desarrollando los guardias civiles de las Compañías de Seguridad Ciudadana de Ceuta y Melilla. “Sin embargo, la Dirección General ha vuelto a dejar de lado a los agentes de las Ciudades Autónomas con un total conocimiento. Los generales de Fiscal y Fronteras que han venido aquí nos han afirmado que se han olvidado de nosotros, lo han reconocido, pero dicen que están trabajando en ello para enmendar la situación”, denuncia uno de los miembros de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana de Melilla. “Llevamos así desde los años 90 y que ahora llegue la especialidad y no nos hayan recatalogado…”, añade molesto. Sus compañeros de Fiscal, normalmente ubicados en los puestos fronterizos que ahora permanecen cerrados, actualmente hacen de apoyo a Seguridad Ciudadana en la zona de la valla. “Están en un segundo plano desarrollando las labores de Fiscal y Frontera que realiza Seguridad Ciudadana y, pese a ello, los integrantes de Fiscal son los únicos que sí están adaptados orgánicamente”, añade la entidad.

Una diferencia salarial que no se cobra pero sí se trabaja

Uno de los motivos de este “olvido” por parte de la Dirección General de la Guardia Civil puede estar en el dinero. La Dirección no reconoce en la Orden que los miembros de las Compañías de Seguridad Ciudadana de Melilla y Ceuta ya están actuando como la especialidad de fiscal y fronteras, lo que les impide acceder a la habilitación para la titulación específica. Por lo tanto, tampoco pueden percibir el Complemento Específico Singular (CES), que supondría un incremento bruto anual de 514,68 euros. “Ante esta incomprensible diferencia que ha generado la Dirección entre los miembros de Fiscal y las Compañías de Seguridad Ciudadana de Ceuta y Melilla, la  Asociación Unificada de Guardias Civiles de ambas autonomías han presentado una instancia para que sea modificada, mediante procedimiento de urgencia, la Orden General número 21/2021 de 9 de septiembre, que regula la especialidad de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, en vigor desde el primer día de este mes”.
La Dirección General de la Guardia Civil planteó, de forma errónea, el Tercer Tramo de equiparación salarial. Otorgaron un complemento algo superior al agente de Fiscal y Fronteras que al de Seguridad Ciudadana. Ahora, además, dejan fuera de la catalogación a las Compañías de Melilla y Ceuta. En 2020 sí se adaptó orgánicamente a los Guardias Civiles pertenecientes a Seguridad Ciudadana que había en aeropuertos. De este modo, quedaron como Unidades de Fiscal y Fronteras, al igual que los de Fiscal. Esta equiparación se produjo hace dos años, pero parece que en Melilla y Ceuta hay que esperar más. Por todo ello, resulta inadmisible que no se haya producido el reconocimiento de la labor de los miembros de las Compañías de ambas zonas geográficas, cuyo trabajo se ve afectado por las circunstancias de penosidad del servicio.