ANPE-Sindicato Independiente rechaza el paso adelante del Ministerio que atribuye toda la responsabilidad sobre la promoción y titulación al profesorado, dejando a los docentes en una previsible situación de inseguridad jurídica en la toma de decisiones sobre la promoción y titulación del alumnado.
ANPE mantiene su absoluto desacuerdo con que se obtenga un título como es el de Secundaria con alguna asignatura suspensa. Esta medida, envía un mensaje contrario a la cultura del esfuerzo, del rigor y del mérito en el que la ausencia de incentivos para lograr la excelencia académica resulta desmotivadora para el profesorado y el alumnado. Además, la decisión de promoción «no recae en un especialista de área», sino que «se diluye en el equipo docente y puede generar controversia en los claustros porque, de alguna manera, esta medida menoscaba el principio de autoridad académica del propio profesorado».
Desde ANPE destacan que «superar las materias es el indicador y referente para constatar que el alumnado ha adquirido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa. Resultará por tanto imprescindible el respaldo de las administraciones educativas a las decisiones adoptadas al respecto por el profesorado (Juntas de Evaluación), lo contrario sería cuestionar la labor del docente y puede provocar desmotivación en el propio profesorado y alumnado».
La solución para luchar contra el fracaso escolar y disminuir las repeticiones, según el sindicato, no pasa por establecer sistemas de promoción y titulación con materias suspensas, sino por evitar que esto suceda, y eso pasa por reducir el número de alumnos por aula, establecer desdobles y programas de refuerzo en los centros educativos, dotando de profesorado suficiente para llevarlo a cabo.
Con relación a los aspectos curriculares y organizativos contemplados en el texto del Real Decreto, desde ANPE consideran que se establece un nuevo modelo curricular adaptado a la normativa europea y compromisos de España en el seno de la UE, que va más dirigido o enfocado hacia el trabajo por competencias.
Un modelo curricular más breve en cuanto a extensión donde se eliminan los polémicos estándares de aprendizaje. Observamos, a priori, una falta de concreción, a diferencia de modelos curriculares anteriores, pues no determina de forma clara y explícita algunos contenidos o saberes básicos a impartir. Ello conllevará y requerirá una buena y necesaria coordinación entre las diferentes administraciones educativas.
«Debemos tener en cuenta que este nuevo RD supone el 60% o 50% del peso curricular, el resto dependerá de las CCAA cuando desarrollen sus Decretos autonómicos a raíz de la publicación de esta normativa. Por tanto, la Conferencia Sectorial de Educación y el propio Ministerio han de jugar un papel fundamental, es imprescindible una buena coordinación para unificar al máximo la aplicación de este nuevo currículo y no ahondar en las diferencias ya existentes entre las comunidades autónomas», explican desde ANPE.
De forma análoga a lo contemplado en el RD de Primaria, existen aspectos que pueden generar controversia como la existencia de materias básicas, como Tecnología y Digitalización, que se puede ofertar entre 1º y 3º de la ESO o Valores Cívicos y Éticos entre 1º y 4º, entendemos que resulta necesario concretar el curso donde se ha de impartir porque puede conllevar la posibilidad de no ser cursada por alumnos que cambien de comunidad. El uso de notas o calificaciones numéricas durante la etapa será especialmente relevante al final de esta, con un Título de ESO que no contemplará nota media que, en la actualidad, es utilizada para el acceso a diferentes estudios.
En cuanto a los contenidos en sí y su distribución, se ha generado una gran polémica en general sobre los saberes básicos de cada materia. En este sentido, se determina un perfil de salida de la etapa que se ha de alcanzar mediante la adquisición de las competencias y los objetivos que se establecen. Desde ANPE abogan por una formación integral del alumnado en todos los ámbitos (formación humanística, científica, etc.) de forma equilibrada.
«Es necesario realizar una seria y profunda reflexión sobre las posibles y graves consecuencias que estas medidas puedan tener sobre el alumnado con menos recursos, que en su práctica totalidad está en la enseñanza pública, ya que no podrán compensar fuera del centro educativo los déficits de aprendizaje que acumularían al pasar de curso y poder titular con materias suspensas, cercenando las posibilidades que ofrece a este alumnado el sistema educativo como compensador de desigualdades y ascensor social», afirman desde el sindicato.
