Autor: Redacción

• Expertos en la materia alertan del aumento de casos de violencia adolescente y filioparental

El salón de actos del Ayuntamiento acogió en la mañana de ayer una jornada formativa e informativa para el gremio de letrados de la ciudad en materia de menores. El Colegio Oficial de Abogados de la ciudad (Icace) invitó a dos expertos en la materia para conocer las novedades normativas en materia de jurisdicción de menores. Bajo el título ‘Violencia de Género y Violencia Doméstica en Menores’ la charla contó con la participación de Jesús Mª del Cacho Rivera, Magistrado Especialista en Menores y del Juzgado de Menores nº1 de Tarragona. No obstante, Javier Pacheco Díaz, director del Equipo del Medio Abierto del área de Menores de Ceuta, habló de ‘La Labor Educativa y de Ejecución de Medidas Acordadas Judicialmente’.
Pacheco destacó la importancia de la figura del educador social en estos tiempos por la labor preventiva que podría hacer en los colegios e institutos. Así se evitarían situaciones que ahora llegan al área de Menores muy relacionadas con situaciones de violencia y consumo de sustancias estupefacientes.
Pacheco explicó a los presentes explicó algunas de las novedades de la próxima entrada en vigor de la responsabilidad penal del menor. Pero también quiso describir qué es lo que pasa en el proceso de cumplimiento de las medidas judiciales que se imponen a los menores infractores hoy día, las dificultades con las que se encuentra no solamente el propio menor infractor sino también en el entorno familiar y social del mismo.
Es por ello que el trabajo en el área de Menores ha evolucionado con los tiempos en la medida en que se ha ampliado ese trabajo al entorno en el que vive el menor. El perfil de los menores con los que trabaja la Ciudad Autónoma y los juzgados ahora están muy relacionados con problemas en el entorno familiar, situaciones en las que los padres se ven “desbordados”, apunta Pacheco, si bien se da otra casuística como la violencia filioparental, la violencia ascendente, el uso indebido de las nuevas tecnologías y nuevas adicciones a sustancias…, situaciones todas ellas que antes no llegaban a este área de Menores.
Es por ello que ahora se hace necesaria la labor preventiva en el sistema educativo de la figura del educador social, si bien ya se trabaja con ésta en el área de Menores de Ceuta, señala Pacheco, para trabajar con los adolescentes y jóvenes “la competencia social, el desarrollo moral” y en definitiva, inculcar una serie de valores que contrarresten “la visión del mundo hedonista y utilitarista” que reina en estos tiempos en los que “somos lo que consumimos”. “Entre esos extremos hay que tratar de contrarrestar el vértigo de la sociedad en la que vivimos con hacer más personas a las personas, valga la redundancia, y en eso estamos”, concluyó Pacheco Díaz.

• Un detenido por tráfico de drogas dijo en 2009, tras una aprehensión, que el acusado le había amenazado, pero dos policías nacionales dicen no haberle visto en los calabozos ese día

El tercer día de juicio en la Audiencia Provincial no estuvo exento de incidentes informáticos. Aún así pudieron completarse las declaraciones previstas para la jornada, que estuvieron protagonizadas por dos guardias civiles que inspeccionaron las armas incautadas en uno de los trasteros propiedad del padre del acusado y los policías nacionales que le relacionan con el ‘Musa’ una persona conocida por sus actividades ilegales relacionadas con el tráfico de drogas y que era objeto de investigación hace unos años.
Los guardias civiles que inspeccionaron las armas incautadas en el registro en el domicilio del acusado vinieron a corroborar lo ya expuesto por el propio acusado, su esposa, también procesada, y la madre del primero. El subfusil y la pistola forman parte de la herencia paterna. El padre del acusado, militar de profesión y armero, coleccionaba estas armas que guardaba celosamente en un trastero. Las mismas han estado expuestas en la sala de vistas de la Audiencia hasta la finalización de la declaración de los guardias civiles. Uno de ellos, experto en la materia, explicó que ambas armas si bien no se encontraban “inutilizadas técnicamente” la acumulación de óxido ferroso impedía su utilización. No obstante, precisó que para la inutilización reglamentaria de un arma, ésta debe ser entregada a la Guardia Civil, esto es, no es una labor que pueda acometer el propietario de la misma.
El resto de declaraciones de la mañana de ayer se centraron, a tenor de las preguntas del Ministerio Fiscal, de relacionar al acusado con una persona conocida como el ‘Musa’, al que la Policía Nacional estaba investigando hace siete años por supuesta vinculación al trafico de hachís. Los agentes integrantes de un dispositivo de vigilancia, explicaron que vieron al acusado conducir de forma “extraña” por la calle Compañía de Mar hacia la plaza de la Constitución hasta tres y cuatro veces en esta zona, justamente coincidiendo “en el tiempo” con la llegada de un hombre en una furgoneta blanca de matrícula francesa seguido de otro vehículo conducido por el llamado ‘Musa’.
Pero ninguno de los policías nacionales aseguró que en esa vigilancia que efectuaron el guardia civil procesado se comunicara de alguna manera con el llamado ‘Musa’. Ningún gesto de complicidad y ninguna prueba que vincule al acusado con los cargamentos de droga que se incautaron en las intervenciones objeto de la investigación policial.
Otra de las acusaciones que pesa sobre el agente de la Benemérita procesado es el supuesto encuentro ocurrido en los calabozos del juzgado en 2009 con un detenido por tráfico de hachís que dijo haber sido amenazado por este. Según la Fiscalía, el acusado habría amenazado al detenido para que no hablara y le relacionara con la aprehensión de 173 kilos de hachís en una vivienda sita en la conocida Cuesta Parisiana. Dos agentes sí afirmaron que el detenido, apodado ‘Chacaraca’, les había dicho lo de las amenazas, pero ninguno de los agentes vio físicamente al guardia civil procesado en los calabozos ese día.
De hecho, uno de estos dos agentes de la Policía Nacional dijo haberse sentido sorprendido con lo ocurrido al guardia civil porque, le conoce de su labor en el puerto de nuestra ciudad y es “uno de los guardias civiles que más droga se incauta en el Puerto”. Así se refirió al explicar que el acusado, como mecánico, se encarga de desmontar los coches marcados previamente por los canes antidroga para sacar los bloques de hachís que se ocultan en los vehículos con intención de llevarlos a la Península.
Otra de la acusación, es que el guardia civil fue sorprendido por otros agentes “apuntando las matrículas” de los coches de camuflaje de la Policía Nacional. Uno de ellos dijo que “con toda certeza” le vio “mirar a un lado y a otro de la calle apuntando las matrículas en un papel, apoyado sobre el volante” del vehículo que conducía por el Paseo de Colón.

• Un funcionario de la Policía Local al que retiró el arma tras un informe médico que lo aconsejaba, le pedía 7 años de inhabilitación

El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de nuestra ciudad ha dictado sentencia absolutoria para el inspector de Policía Local José Antonio Sorroche, que venía acusado de un delito de prevaricación administrativa. El juicio se celebró el pasado lunes y el juez lo ha tenido muy claro, pues tan solo cuatro días después las partes han recibido la sentencia absolutoria, la cual, no obstante, no es firme pues contra ella cabe recurso de apelación. La acusación particular deberá abonar las costas procesales, como así lo precisa el magistrado en su dictamen, que solicitaba para el que fuera superintendente jefe de la Policía Local cuando ocurrieron los hechos siete años de inhabilitación absoluta por ese delito de prevaricación administrativa.
El juez destaca en su sentencia, a la que ha tenido acceso El Faro, que Sorroche retiró las armas del funcionario F.G.G. tras un informe médico psicológico que así lo aconsejaba. Esa decisión se ajusta, remarca el documento, “a una interpretación de las normas aplicables basado en cánones interpretativos admitidos” y, además, “avalado por el informe médico” aportado por las partes a la causa judicial. Por tanto, el juez concluye que la actuación de Sorroche fue “correctísima y en el ejercicio de sus legítimas competencias o atribuciones legalmente amparadas”.
En su condición de jefe accidental del Cuerpo, entre los años 2011 y 2012 cuando se enmarcan los hechos denunciados, Sorroche tenía la obligación de cumplir con funciones como la prevención de riesgos laborales, “y ante un informe médico que concluía la necesidad de que el denunciante no portase armas”, acordó “de forma legal, razonable y adecuada” la retirada de todas las armas que aquél ostentase, tanto reglamentaria como la particular.
De hecho, este fue uno de los puntos polémicos en la vista judicial del lunes. Ya entonces el responsable de Armamento y Tiro en el Cuerpo explicó que el denunciante tenía su arma reglamentaria en la Comisaría, en depósito voluntario, pero que contaba con un arma particular, la cual F.G.G. se negó a entregar en la Policía Local si bien la entregó en el área de Intervención de la Comandancia de la Guardia Civil cuando fue requerido para ello.
Por tanto, se trataba de dirimir si la prohibición del porte de armas incluía las particulares o solamente la reglamentaria del agente en cuestión. Pues bien, el juez afirma que la tenencia de armas particulares “viene precisamente amparada en la licencia tipo A como agente de la Policía Local” como así sostuvo Sorroche y el propio responsable del área de Armamento y Tiro en la Policía Local de Ceuta.
Así las cosas y en base a las pruebas practicadas en el juicio así como los documentos adjuntos, el juez de lo Penal 2 de nuestra ciudad concluye que no se puede dictar una condena, como la que solicitó la acusación particular (cabe recordar que la defensa y el Ministerio Fiscal pidieron la absolución de Sorroche), porque no se cumplen en ningún caso los requisitos exigidos para la pena por un delito de prevaricación administrativa. Éstos son la adopción de una resolución dictada por un funcionario, que sea objetivamente contraria a Derecho, es decir, ilegal, que se hayan omitido trámites esenciales del procedimiento, que ocasione un resultado materialmente injusto y que la resolución de manera arbitraria y a conciencia de su ilegalidad.

Un informe médico no rebatido

En el juicio se puso de manifiesto que el informe médico que se hizo aconsejando la retirada de las armas al denunciante, nunca fue rebatido por éste, ni se ha presentado contrainforme. Así lo recoge el juez en su sentencia: “Si el denunciante consideraba que el informe del servicio médico que recomendaba que no debía portar armas era incorrecto debió impugnarlo en el oportuno expediente administrativo, de tal forma que las consecuencias jurídicas derivadas de aquél no deben ser analizadas en esta Jurisdicción Penal, sino que deberían, en su caso, ser alegadas ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativo”.